El uso del teléfono móvil privado del trabajador para su geolocalización durante su jornada laboral ¿está permitido?.

La empresa Telepizza, usaba una aplicación propia que debían descargarse sus repartidores con la finalidad de tener sus pedidos localizados.

Para ello era imprescindible descargar una aplicación, así como que los repartidores aportaran su número y teléfono móvil físico, con acceso a internet, y una dirección de correo electrónico.

Se trataba de un requisito imprescindible para continuar en su puesto de trabajo, por tanto, introducida unilateralmente por la empresa en sus contratos de trabajo.

Consideraron que excedía del poder de dirección de la empresa, por abusar de su posición dominante, y es por este motivo por el que acuden a los tribunales, en defensa de su derecho a la protección de sus datos personales.

Tienen el carácter de personal los datos que permiten localizar a personas

La Audiencia Nacional es el Tribunal encargado de resolver este conflicto colectivo, y lo hace a favor de la petición de los repartidores.

El Tribunal Supremo que conoce del recurso presentado por la empresa, también reconoce como nula la medida empresarial por abusiva, al considerar como parte débil del contrato al empleado.

La medida empresarial no es, por tanto, proporcional al interés que persigue con ella, en detrimento del respeto a la intimidad de los repartidores.

Añadido a lo anterior está el hecho de que pudieron emplearse medidas distintas,  menos invasivas de sus derechos fundamentales.

Derecho de control que incluye tanto el acceder, rectificar, como  cancelar nuestros datos personales

En este punto, la empresa difícilmente pudo recabar el requerido consentimiento para tratar los datos personales si no les informó de la finalidad o destinatarios de los mismos (arts. 12 y 13 del Reglamento 679/2016).

Con este último incumplimiento, de no garantizar el control a su empleados de sus datos personales, ó poder de disposición, refuerza el Tribunal su decisión (Sentencia del TS nº 78/2017, de fecha 07/02/2018).

Un correcto tratamiento y respeto del poder de disposición sobre nuestros datos personales, nos exige acatar, entre otros, la ley de protección de datos y sus Reglamentos.

Es tratamiento de datos «la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción

(Reglamento 2016/67, artículo 4.2).

Consigue su objetivo el poder de disposición sobre nuestros datos en el momento en que se nos da a conocer y somos informados sobre el destino y uso que a ellos se les da por terceros.

Deriva lo anterior en un poder de control sobre el acceso, rectificación y cancelación de nuestros datos personales frente a terceros (Sentencias del Tribunal Constitucional nº 254/1993 y 292/200).

Es la sentencia del Tribunal Supremo, sala social, nº 163/2021, rec. 84/2019.